La paciente afectada se somete a un proceso de fertilización, resultando este satisfactorio y quedando en estado de  gestación. Tras conocer su nuevo estado, acude a consulta de Ginecología y Obstetricia para una revisión recurriendo a su póliza de seguro de salud.

Durante su embarazo todo discurre con normalidad, la paciente se somete a controles periódicos con el mismo médico. Los resultados aportados eran que se trataba de un feto varón, con parámetros normales a su edad generacional, entre ellos latidos cardíacos, movimientos fetales y biometrías. La placenta era normointensa y el líquido amniótico normal.

En el transcurso de la gestación, la paciente presenta manchado vaginal y molestias abdominales leves, por lo que queda ingresada. En el hospital se le realiza ecografía transvaginal en la que se comprueba que el feto está vivo y móvil. El diagnóstico aportado es amenaza de parto prematuro, por lo que se alarga su estancia en el hospital y recibe un tratamiento con Atosiban para conseguir frenar las contracciones uterinas y el sangrado.

El tratamiento resulta insuficiente puesto que vuelve a presentar contracciones, por lo tanto se procede con tratamiento con Nefedipino, que tampoco consigue frenarlas. Se realiza tocolosis combinada, con el mismo resultado que los anteriores tratamientos, por lo que se decide practicar una cesárea extrayendo el feto que ya no presentaba ningún signo vital.

Tras la negligencia médica en obstetricia, se presenta una demanda por responsabilidad extracontractual y contractual ante el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla y aún sigue abierto el caso.